Organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos en el país manifestamos nuestra profunda preocupación ante las declaraciones realizadas por el secretario del Trabajo y Previsión Social del estado de Guerrero, Omar Estrada Bustos, en las que se afirma que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan “recluta” jornaleras y jornaleros agrícolas para empresas no vinculadas al Servicio Nacional del Empleo.
Estas afirmaciones no sólo son imprecisas, sino que desvirtúan y deslegitiman el trabajo histórico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, organización con más de tres décadas de acompañamiento a las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero frente al abandono institucional, la violencia estructural y la vulneración sistemática de sus derechos. A lo largo de este tiempo, Tlachinollan ha acompañado casos emblemáticos de violaciones graves a derechos humanos, como los de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, y ha sostenido procesos comunitarios de defensa del territorio y de exigibilidad de derechos.
En el ámbito de la población jornalera agrícola, la labor de Tlachinollan ha sido de acompañamiento integral y nunca de reclutamiento laboral. La organización documenta violaciones a derechos laborales y humanos, fortalece capacidades para su defensa y sostiene espacios de atención como la Unidad de Servicios Integrales (USI), también conocida como la Casa del Jornalero, en Tlapa de Comonfort, Guerrero, donde cada año miles de familias reciben alimentos, atención médica y un lugar para pernoctar durante sus trayectos migratorios.
Junto con el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, Tlachinollan también realiza un registro anual que se hace público y se comparte con instituciones, el cual aporta información clave sobre trayectorias migratorias, migración de niñas, niños y adolescentes, y el acceso a programas sociales. Cabe destacar que este registro es único en la región e incluso más detallado que las plataformas públicas existentes, y que en su elaboración Tlachinollan no actúa como intermediario laboral, sino que registra, documenta y acompaña a las familias jornaleras.
Resulta especialmente preocupante que se intente responsabilizar a una organización de la sociedad civil por problemáticas que tienen su origen en la falta de atención estructural de las autoridades, pues desde hace años la Comisión Intersecretarial de Atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes no funciona en la práctica, pese a que presentó algunas iniciativas en noviembre de 2025 en Tlapa. Además, los intentos de coordinación con autoridades de los estados de destino no han ido más allá de la firma de convenios formales sin efectos reales en atender de raíz la violación de derechos de la población jornalera de Guerrero.
El apoyo del gobierno del estado de Guerrero se ha limitado de manera insuficiente a la entrega de algunos proyectos productivos ocasionales en comunidades que forman parte de la población jornalera agrícola, así como a la distribución de despensas, sin que exista una política pública integral con enfoque de derechos que atienda las causas estructurales de la migración interna y el abandono histórico de las comunidades de la Montaña y de otras regiones jornaleras. A pesar de múltiples intentos de interlocución con distintas secretarías, no ha habido una respuesta efectiva que atienda de manera integral la situación de la población jornalera agrícola, ni se han establecido mecanismos claros desde la Secretaría del Trabajo a nivel local para regular, supervisar o sancionar a las empresas que ofrecen empleo fuera del marco legal. Esta situación no se resuelve exclusivamente mediante un enfoque centrado en la migración jornalera a partir de las empresas registradas en el Servicio Nacional del Empleo.
En este contexto, ante la falta de oportunidades y alternativas reales, muchas familias jornaleras se ven obligadas a aceptar los empleos que se ofrecen o exhiben en diferentes espacios, incluyendo la Unidad de Servicios Integrales (USI) y sus alrededores, así como a trabajar en condiciones indignas que vulneran sus derechos. Estas familias continúan migrando en condiciones de extrema vulnerabilidad, enfrentando extorsiones por parte del crimen organizado y abusos de policías municipales y estatales, mientras que en los campos agrícolas persisten condiciones de explotación laboral en un escenario de debilitamiento constante del sistema de inspección del trabajo y de falta de claridad en las competencias entre los ámbitos federal y local.
Frente a esta realidad, desde las organizaciones firmantes advertimos con preocupación los intentos de desviar la atención de los problemas estructurales que enfrenta la población jornalera mediante señalamientos infundados hacia una organización de la sociedad civil que ha acompañado históricamente a esta población y ha mostrado disposición permanente para colaborar con las autoridades. Por ello, exhortamos a las autoridades del estado de Guerrero y al Gobierno Federal a:
– Cesar los señalamientos que buscan deslegitimar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y reconocer públicamente la labor de acompañamiento que realizan.
– Establecer una coordinación real y sostenida con las organizaciones y comunidades, orientada a mejorar de manera estructural las condiciones de vida y trabajo de la población jornalera agrícola.
– Fortalecer los sistemas de inspección laboral y de protección a personas jornaleras, con un enfoque de derechos humanos, intercultural y atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes.
– Emitir una rectificación desde la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero aclarando que Tlachinollan es una organización de defensa de los derechos humanos y que de ninguna manera participa en el reclutamiento de personas jornaleras para labores agrícolas.